Las mutualidades de nuestro país, como es el caso del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), están reguladas por la Ley 16.744 la cual establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Su rol es vital porque protege a todos los trabajadores del país ante accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, permitiéndoles recibir prestaciones médicas y económicas.
Su función se financia por medio de cotizaciones, que están reguladas por el Decreto Supremo N° 67 (DS 67), y éstas se dividen en dos categorías. Primero está la cotización básica, que es el pago mínimo que realizan todas las entidades empleadoras asociadas a una mutualidad, y luego está la cotización adicional diferenciada, la cual se determina en base a la siniestralidad efectiva de la empresa.
El proceso de evaluación que llevan a cabo las mutualidades, relativo a la siniestralidad efectiva para determinar las cotizaciones que deberán pagar las empresas, es obligatorio, simultáneo y periódico, ejecutándose cada año impar.
Para el proceso que se desarrollará a partir de julio 2023, se introdujeron modificaciones en el decreto.
María Eugenia Barsby Palacios, subgerente de Productos y Gestión Preventiva del IST, explica al respecto que “para el proceso del 2023, para que haga efectiva esta rebaja, las empresas tienen que acreditar a su organismo administrador el haber mantenido en funcionamiento, durante el último período anual del período de evaluación, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
“Esto significa que el sistema debe estar en funcionamiento desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. Entonces, la entidad empleadora, debe haber elaborado o desarrollado el Sistema de gestión, como fecha tope, el 30 de junio de 2022”, apunta la experta.
Y detalla que “dicho Sistema de Gestión tiene que tener una política con ciertas características; tiene que haber un diagnóstico de situación, en que se identifiquen sus peligros y evalúe los riesgos; y tiene que ver el nivel de cumplimiento de aspectos legales. A partir de dicho diagnóstico, se deben definir las acciones a implementar para cubrir las brechas encontradas y así se establece el Programa de Trabajo.”
Si es que el empleador no cumple con dichos requisitos hacia fin de este mes, no podrá acceder a la rebaja de la cotización adicional diferenciada.
Este sistema beneficia a los trabajadores
Pero más que un trámite legal a realizar, Barsby destaca que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un beneficio para los trabajadores y, por lo tanto, es importante que las compañías lo implementen.
“Permite ordenar y sistematizar los temas preventivos. Tiene el compromiso de mejoramiento continuo, entonces la empresa permanentemente va a estar revisando si cumple con los aspectos legales, mirando cuáles son sus procesos y tareas y en esas tareas, viendo cuáles son los peligros, los niveles de riesgo, las medidas preventivas que tienen implementadas o cuáles les faltan”, describe la subgerente de Productos y Gestión Preventiva.
Desde el IST, han contribuido a informar y auxiliar a sus empresas asociadas, para que puedan cumplir con los requisitos a tiempo.
“Más que verlo como un papeleo, hay que ver esta exigencia legal como una herramienta preventiva y sacarle provecho, porque va a ayudar a sistematizar la prevención al interior de las empresas, contribuyendo así al mejoramiento de la seguridad y salud de sus trabajadores”, destaca la ejecutiva.